BRENDA MÉNDEZ y Agencias / AHORACANADA.COM
Se trata de una decisión valiente que no solamente anticipa una difícil batalla legal en la que la Administración asume muchos riesgos, sino que también eleva al máximo la tensión sobre un asunto que está polarizando a Estados Unidos.
La ley de Arizona, que ya fue aprobada por el Congreso del Estado en abril y firmada por su gobernadora, Jan Brewer, entraría en vigor el próximo día 29 si Obama y su equipo no consiguen antes que los jueces lo impidan. Siguiendo ese ejemplo, otros estados afectados por la situación de la frontera con México han anunciado iniciativas legislativas similares.
La comunidad migrante mexicana confía ahora en que se decrete una orden judicial para que esta legislación no entre en vigor a finales de julio, como se tiene contemplado.
La batalla legal
Obama reconoció la semana pasada que el sistema migratorio en Estados Unidos estaba quebrado, pero advirtió que era responsabilidad de su gobierno repararlo y propuso a los dos partidos un acuerdo para la aprobación de una nueva ley que regule el problema a escala nacional.
Su decisión ahora de acudir a los tribunales supone un paso infrecuente y peligroso. Por un lado, la intromisión de la Administración federal en las decisiones de un estado, por razones históricas y prácticas, suele ser poco recomendable.
En este caso, además, la decisión de Washington chocaría con lo que parece ser, según las encuestas, la opinión de una mayoría de los norteamericanos.
La ley de Arizona ha sido considerada por numerosos expertos y analistas como una auténtica aberración jurídica. Convierte en un delito la presencia en Arizona de inmigrantes sin documentos y permite a la policía confirmar el estatus legal de una persona a la que se detenga por cualquier otro delito menor, incluso la presunta trasgresión de una ordenanza municipal.
Es una ley, como dijo Obama la semana pasada, que crea las condiciones potenciales para discriminar en función de la raza y para detener o molestar a ciudadanos norteamericanos o residentes legales simplemente por su aspecto o por su acento.
En definitiva, es una ley que perjudica claramente a la comunidad de origen hispano, la que más inmigrantes aporta en los estados del sur del país.
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